¿Dónde estás?

Por Pedro Venegas

Las horas habían pasado tan largas, tan tristes, tan dolorosas, Fernando Humberto o sus restos no aparecían, apoyada por indigentes y deportados Carmen Judith, su mamá, no perdió la esperanza, ya habían escavado en por lo menos 20 lugares donde, aseguró un “pitazo”, que se encontraba su retoño. Hallaron varios restos de otras personas, un zapato y el celular de su hijo.

Había desaparecido desde hace dos años, se fue como siempre a trabajar y ya no regresó. Carmen Judith busca desde entonces a su hijo desesperadamente, ella es una de las mil 400 mujeres que desde 2007 a la fecha se han ido sumando por la misma pena en la frontera norte.

Rascó la tierra con sus propias uñas, con la firme esperanza de encontrarlo. Mientras removía la tierra, su esposo Juan Ruperto Beltrán, desapareció. El 31 de agosto Carmen Judith lo encontró desmembrado en el Servicio Médico Forense (Semefo), dicen que fue por haber señalado al Hotel La Playita como “cementerio clandestino”.

¿Qué era más doloroso para Carmen Judith, la muerte de su esposo o no encontrar ni siquiera el cadáver de su hijo? Sólo quien lo sufre lo sabe.

El diccionario define al “desaparecido” como el que está oculto o no se puede ver. A la persona que se encuentra en un lugar desconocido o muerta debido a acciones represivas o a catástrofes naturales. Al adversario político que es víctima de las prácticas totalitarias y es eliminado sin juicio previo. Sea cual sea la razón, el resultado es el mismo: el dolor.

En la Ciudad de México, para el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) deben pasar por lo menos 72 horas para considerar a la persona o al menor como desaparecido o ausente. ¿Y mientras?

Al conmemorarse este 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Organizaciones No Gubernamentales, víctimas y la sociedad en su conjunto critican el rezago de los múltiples casos, los pocos resultados que hay, así como lo limitado de la Ley para castigar este tipo de delito.

El primero de septiembre en el Congreso de la Unión, cuando se dio inicio al periodo de sesiones, donde se calculaba aprobaran la nueva Ley que se ocupará de ajustarse a las lamentables circunstancias actuales, el incremento de víctimas que sólo causan dolor y desesperación a sus familiares.

Cabe señalar que el problema no es exclusivo de México, mundialmente se ha convertido en un problema que afecta a propios y a extraños. El 30 de abril de este año, la Secretaría de Gobernación tenía un registro sobre las personas no encontradas en nuestro país, de 31 mil 053 personas desaparecidas en el fuero común y para el 30 de junio ya se registraban mil 093 personas en el fuero federal.

En el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dado a conocer en abril de este año, señala que se han encontrado unas 855 fosas clandestinas y que tan solo en cuatro estados encontraron 35 mil restos humanos.

Lamentablemente, desde hace más de una década, la desaparición de personas ha ido en aumento. Es tal la crisis, que la comunidad internacional ha pedido al Gobierno mexicano poner manos a la obra para solucionar el problema.

El avance en el sector legislativo han sido lento, sin embargo, la Ley General contra la Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares será uno de los primeros temas que se tratará al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, a pesar de que ha sido cuestionada por los propios familiares de las víctimas y defensores de los derechos humanos por insuficiencias.

Ha sido 2017 el año en que se decidió arrancar el proceso, en abril, en el último día de sesiones del periodo pasado, el Senado aprobó esta Ley y la envió a la Cámara de Diputados, que ya no alcanzó a procesarla. Ahora, la Cámara Baja se dispone para aprobarla a la brevedad y cumplir así la exigencia internacional, el mundo se mantiene pendiente de nosotros, las constantes visitas de representantes de organismos internacionales lo comprueba.

Una de las novedades en esta Ley quedó establecido el tipo penal de desaparición forzada de personas, que aplicará a todas las entidades del país y a nivel federal. Se estableció también el tipo penal de desaparición cometida por particulares, aunque este ha sido calificado como insuficiente.

La organización y preparación en este sentido se ha incrementado, la Ley General también establece la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, que dependerá de Gobernación; cada estado deberá tener su Comisión Estatal y dicho organismo será la encargada de elaborar los registros de personas desaparecidas.

Como parte de esta reingeniería, se establece además una diferencia entre personas desaparecidas y no localizadas; se mandata la creación de fiscalías especializadas; y se establecieron además, castigos hasta de 60 años de prisión para quien cometa estos delitos.

Aunque pareciera óptimo lo que se busca con la Ley, sólo cumple parcialmente con algunas exigencias de quienes han seguido el proceso de construcción de esta legislación.

Todos los interesados buscan participar y los acuerdos no llegan a su totalidad, las organizaciones sociales y los colectivos de víctimas se dividieron. Por un lado están quienes piden que la Ley se apruebe como ésta, pues contiene algunos avances para combatir este delito y los que no quieren por tener severas deficiencias.

Un ejemplo es el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, con más de 40 grupos de familias de personas desaparecidas, pedirá que la Ley se apruebe cuanto antes en la Cámara de Diputados.

Son los otros grupos, defensores de derechos humanos quienes consideran que es inaceptable conformarse con lo que se promovió desde el Gobierno Federal y renunciar al propósito principal de la Ley que a todos interesa: encontrar a los desaparecidos.

Cada uno de los estados hace lo propio, por ejemplo, en Jalisco, el pasado 31 de agosto se dio a conocer que serán 160 personas de la recién creada Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, primera en su especie, quienes estarán dedicadas exclusivamente a tratar de localizar a los 2 mil 744 desaparecidos tan solo en esa entidad, según informó el gobierno del estado.

Este organismo está encabezado por María Teresa Medina Villalobos, abogada con maestría en Derecho Civil y quien ha tenido algunos cargos en la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

Al respecto, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, recordó que en el país ninguna autoridad ha podido frenar el problema de los desapariciones y la violencia: “Algo estamos haciendo mal, sólo estamos conteniendo la violencia”, dijo.

Cabe señalar que de las más de 30 mil personas desaparecidas en el país, 5 mil 452 (18 por diento del total) son niños, niñas y adolescentes, ante esta situación varias organizaciones presentaron una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la que revelan los obstáculos que enfrentan los menores que han sido víctimas de desaparición.

Por cierto, el caso señalado al principio de este texto, el de Fernando Humberto y Carmen Judith, concluyó sin encontrar a la víctima, sucedió en la frontera norte del país, en Tijuana, Baja California, para ser más exactos y dejó una familia más con el dolor de un muerto y un desaparecido. La angustia de no saber qué sucedió con su familiar, si se encuentra vivo o muerto, por difícil que esto sea.

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